Piedad Córdoba es Teodora no es

Piedad Córdoba: cuáles son las pruebas

Cada viaje que menciona alias ´Teodora´ en sus correos coincide con uno hecho por Piedad.

Piedad Córdoba niega que sea la Teodora de los computadores de Raúl Reyes. Algunas pruebas no la dejan bien parada. ¿Justicia o persecución política?

Con Piedad Córdoba no hay medias tintas. O se le admira por su labor humanitaria en favor de los secuestrados o se le odia por su estilo, ideología y declaraciones incendiarias. Algo parecido le pasa al procurador general, Alejandro Ordóñez: férreo defensor del derecho para algunos, godo con ideas cavernarias para otros. Todas sus decisiones se interpretan desde la posición política de sus simpatizantes y detractores. Pocos se toman el tiempo de leer sus providencias antes de salir a despotricar de ellas.

Desde sus diferentes orillas ideológicas, Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez producen bilis entre sus contradictores. Esa virulenta reacción que generan se vio en vivo y en directo el pasado lunes, cuando el Procurador destituyó a la senadora y la inhabilitó por 18 años por haber "colaborado y promovido al grupo ilegal denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia".

De inmediato salieron los defensores de Piedad a atacar el fallo y sugerir motivaciones políticas. La misma senadora, en una rueda de prensa el martes, dijo "que se está criminalizando la labor humanitaria, se está criminalizando la tarea de la paz". Familiares de secuestrados se solidarizaron con la dirigente liberal, y desde el exterior llovieron declaraciones de apoyo: Hugo Chávez dijo que era una "infamia", el argentino Néstor Kirchner manifestó que "nadie la puede relacionar con las Farc" y la influyente ONG estadounidense Wola dijo que "todo indica que esto fue motivado por una 'vendetta' política contra la senadora", y agregó que "el mensaje del Procurador General es claro: traten de empujar por una solución negociada al conflicto y los destruiremos".

Lo llamativo es que casi ninguno de los indignados se tomó el tiempo de revisar en detalle las pruebas con las cuales el Procurador sustentó su decisión. Estas no son una condena, pero tampoco la dejan tan bien parada. El fallo de 140 páginas se edificó sobre tres argumentos: 1) Que Piedad es alias 'Teodora' e intercambia mensajes con jefes de las Farc, 2) que en ese intercambio la senadora obró más como colaboradora de la guerrilla que como mediadora oficial, y 3) que mantuvo contactos con ese grupo armado ilegal incluso este año.

El asunto de si Piedad es Teodora no es poca cosa. En particular porque la senadora ha negado una y otra vez que tuviera ese alias y ha insistido en que los correos encontrados en el computador de Raúl Reyes son falsos. A pesar de la vehemencia de su negativa, la investigación golpea la credibilidad de la congresista en este episodio. Cada viaje que Teodora menciona en sus correos a las Farc coincide con uno hecho por Piedad. Las reuniones que describe Teodora son las mismas a las que asistió la dirigente. En un correo dice que "el martes salgo para Washington, voy para los Sonia y Simón T." (sic). La presencia de la congresista en la capital estadounidense y sus encuentros con los dos guerrilleros de las Farc fueron de público conocimiento, como lo resalta la Procuraduría.

El origen del alias 'Teodora' también llamó la atención de los investigadores. En un correo fechado el 14 de junio de 2007 -dos meses antes de que Piedad fuera designada facilitadora por el presidente Álvaro Uribe-, Reyes le pide a una guerrillera incluir a la senadora en su listado para recibir documentos de las Farc y pide que se dirijan a ella como Teodora.

La defensa de Córdoba ha cuestionado que la Procuraduría utilizara esos correos como pruebas, ya que no trabajó con base en los archivos directamente, sino en un informe que redactó la Policía Judicial sobre los mismos. Alega que pudieron ser editados para hacerle daño, ya que la información llevaba más de un año en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, esos mismos mensajes fueron publicados por SEMANA en mayo de 2008, después de que la Interpol certificó que todo ese material provenía del computador de Reyes.

Es comprensible desde el punto de vista jurídico y político la vehemente negativa de Piedad a aceptar que se comunicaba con un alias con los guerrilleros. Y más aún por el contenido de los mismos. En uno de ellos, les recomienda a las Farc que es "muy importante que pienses en no enviar videos, sino grabaciones de voz de los retenidos". Esa sugerencia es para la Procuraduría uno de los indicios de su complicidad con esa organización armada.

En otro mensaje del 27 de octubre de 2007, Teodora le dice a Raúl Reyes que "hay que catapultar a Chávez antes del 2 de diciembre, debe ganar sobre la reforma constitucional. POR ESO CON TODO RESPETO, YO me atrevo a pedir esas pruebas de vida para que mi comandante Chávez se las muestre al mundo, como ustedes las quieren mostrar". Y luego termina diciendo que está lista para reunirse con "todo el Secretariado del ejército del pueblo, es decir, las Farc". Aunque las Farc sí enviaron las pruebas de vida, estas fueron interceptadas por el Ejército y no le sirvieron a Chávez. Piedad siempre ha insistido en que su único interés era liberar a los secuestrados y aliviar la pena de sus familiares y, en ningún caso, obtener un rédito político. Y mucho menos ser cómplice de las Farc.

Para la Procuraduría también es relevante cómo los jefes de las Farc se refieren a Córdoba. En una comunicación del primero de septiembre de 2007, Raúl Reyes le dice a Iván Márquez, su colega del Secretariado, que "la negra es una carta importante para el futuro por ser quien es y por su cercanía con el hombre" y "tiene buena posición frente a nuestra organización". La investigación también confirmó que "la negra" es Piedad Córdoba.

En otro mensaje, Reyes destacó que "Piedad, con gran energía aquí, sustentó su tesis que sin la existencia y resistencia de las Farc ya no existiría oposición en Colombia". Y añadió Reyes que ella le dijo que estaba "plenamente identificada" con los 12 puntos de las Farc para un nuevo gobierno.

El 14 de septiembre, Raúl Reyes le escribió a todo el Secretariado: "Piedad.... está feliz y considera el momento de estrechar sus relaciones con las Farc con miras a apoyar un nuevo gobierno, donde la Negra contaría con la ayuda de Chávez y las Farc sería la parte principal".

Para la Procuraduría es evidente la cercanía de Córdoba con las Farc y resalta que esa situación es especialmente grave por ser ella una senadora de la República.

Frente a este polémico caso, muchos han argumentado que Piedad no es responsable de lo que digan otros de ella, lo cual es cierto. Que podrían ser más percepciones erradas de los comandantes guerrilleros de conversaciones que ellos han tenido con la congresista mientras fungía como mediadora.

Otro correo, del 23 de septiembre de 2007, es más comprometedor. Allí Reyes le escribe a Manuel Marulanda, en ese momento el jefe máximo de las Farc: "Piedad me contó, pidiendo nuestra confidencialidad, que Chávez le aportó para obras sociales en su departamento 100 millones. De ser así, no sería descartable conseguir los 250 millones del Plan". Piedad ha negado rotundamente haber recibido plata de Chávez. Y hasta ahora no hay ninguna prueba de que el mandatario venezolano hubiera desembolsado una suma como la que hablan los guerrilleros. Pero para la Procuraduría, el tono con que habla Reyes de la senadora es sospechoso, más aún al revisar otros correos.

La coincidencia de los mensajes con hechos posteriores es uno de los pilares para haber inhabilitado a Piedad en política por 18 años. Concluye en su fallo que "colaboración y promoción con el grupo ilegal de las Farc no sólo se configuró en el período comprendido entre el 15 de agosto y 21 de noviembre de 2007 (cuando estaba autorizada para hacer contactos) sino en fechas anteriores y posteriores en los años 2007, 2008 y 2010".

Farcpolítica vs. parapolítica

Desde que arrancaron las investigaciones sobre la parapolítica en el segundo semestre de 2006, algunos sectores, incluido el gobierno de Álvaro Uribe, han exigido que se hiciera lo mismo sobre las relaciones entre políticos y las Farc. Hasta el fallo de Ordóñez, no se había presentado decisión condenatoria alguna -disciplinaria o penal- en ese sentido. Incluso la Fiscalía precluyó las investigaciones que adelantaba contra el ex ministro Álvaro Leyva y el directo de Voz, Carlos Lozano, por la farcpolítica. La Fiscalía dijo que "los funcionarios judiciales constataron que tanto Leyva como Lozano figuraban en los archivos del extinto jefe guerrillero (Raúl Reyes) en calidad de impulsores de procesos de reconciliación y como gestores de acciones humanitarias avaladas por el Gobierno Nacional respectivo". Piedad y sus simpatizantes creen que a ella se le debe medir por el mismo rasero. La investigación contra Córdoba en la Corte Suprema sigue en etapa preliminar y por eso se desconoce cuál es la postura del alto tribunal sobre el tema.

El Procurador insiste en que así como sancionó a Piedad ha hecho lo mismo con varios congresistas por sus relaciones ilegales con las autodefensas. Pero sus críticos alegan que lo ha hecho solo después de las sentencias condenatorias de la Corte.

Columnistas de la derecha, como Plinio Apuleyo Mendoza, han criticado la solidaridad de varios sectores con la dirigente liberal y exaltado que se abriera "al fin el expediente de la Farcpolítica". La posición de Plinio es minoritaria ya que la mayoría de los más influyentes columnistas del país consideran que la sanción fue exagerada, pues Piedad estaba en una gestión humanitaria. Reconocen que se pudo haber equivocado o extralimitado en sus funciones, pero no tanto como para que mereciera una muerte política. Aun si ella es Teodora y les dio consejos a las Farc, dicen algunos, no es imposible que lo haya hecho como parte de la argumentación para convencerlos de liberar a los secuestrados.

El futuro para Piedad Córdoba es incierto en su país, y bastante prometedor en el exterior. Apelará la decisión del Procurador a él mismo, y nadie espera que Ordóñez cambie de parecer. Luego buscará que el Consejo de Estado anule el fallo con el argumento de que no se pueden utilizar los archivos del computador de Raúl Reyes por haberse roto la cadena de custodia.

Durante años, Córdoba utilizó la tribuna y el poder que ostentaba por ser senadora. Para efectos prácticos, desde el punto de vista político, Piedad está fuera del "ring". Y eso es un paso atrás en una larga lucha por institucionalizar a las voces disidentes.

Piedad tiene otro desafío: cualquiera de sus declaraciones más incendiarias -como "Colombia es una fosa común" o "Tirofijo es un ejemplo a seguir"- se permitían no solo porque en Colombia existe el derecho a la libre expresión, sino porque tenía inmunidad a la calumnia e injuria por ser congresista. Esa fogosidad verbal, sin embargo, le generó antipatía en la opinión pública, y, al lado de Íngrid Betancourt, encabezaba los personajes con mayor desfavorabilidad.

Y con Íngrid comparte otra particularidad: es mucho más querida por fuera que dentro de Colombia. Para la comunidad internacional de los derechos humanos y políticos de izquierda en Europa y Estados Unidos, Piedad es una política valiente y con carácter y una luchadora incansable por la paz. Y ella lo sabe: por eso va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias para denunciar su caso.

El posible castigo de Piedad Córdoba marca un hito en Colombia. Por décadas, era considerado normal y hasta encomiable gestionar contactos con la guerrilla en la búsqueda de la paz. Casi todos los dirigentes nacionales tienen una anécdota personal sobre sus esfuerzos en pro de la convivencia de los colombianos. El mismo presidente Juan Manuel Santos habló con Raúl Reyes hace 13 años con ese objetivo. Era otro país. Hoy, tras la muerte de Reyes y de Jojoy y con la percepción de que la victoria final es posible, esas conversaciones no solo son mal vistas sino que son susceptibles a sanciones disciplinarias e incluso penales.

Alejandro Ordóñez puede no ser el santo de devoción de muchos, pero es el Procurador General de la Nación, y sus decisiones se deben acatar. Como le tocó al ex ministro Sabas Pretelt. Y ahora a Piedad Córdoba.

Fuente: Semana - Sábado 2 Octubre 2010