Durante los gobiernos de la Concertación se
concretó la mayoría de alianzas vigentes hasta hoy con transnacionales y
grandes empresas para la privatización de recursos naturales.
Al asumir los gobiernos de la Concertación, los
aspectos ambientales tenían una relevancia muy baja en la institucionalidad que
se heredaba de la dictadura. En ella, no obstante, algunas
consideraciones ambientales ya existían, pero tenían un enfoque exclusivamente
sectorial. El gran desafío era lograr integrarlas en una gestión coherente. Un
desafío que se planteaba más que por propias convicciones sobre la
sustentabilidad que pudieran traer los concertados, por las exigencias de los
mercados externos.
Producir sin salvaguardar el medio ambiente
constituye “dumping ambiental”, una forma de competencia desleal en la economía
mundial. Las normas ambientales se difunden internacionalmente impulsadas por
el mismo motor que impulsó la difusión de las normas laborales a fines del
siglo XIX entre distintos países: “Debes reconocer derechos a tus obreros, o de
lo contrario te saldrá más barato producir que a mí, que ya he tenido que
reconocérselos y eso, no lo voy a tolerar”.
LA NORMA HA SIDO INSUFICIENTE
Surge así la normativa y la institucionalidad
ambiental propiamente tal, mediante la dictación de la Ley de Bases del Medio
Ambiente, promulgada por Patricio Aylwin dos días antes de dejar la
Presidencia, el 9 de marzo de 1994. Pero con un gran déficit: No existía una
autoridad ambiental. Aunque muchos plantearon ya en ese momento la necesidad de
que hubiese un Ministerio del Medio Ambiente, primó la idea de un modelo
meramente “coordinador”, expresado en el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). La idea
subyacente era que “el tema ambiental es responsabilidad de todos”, por lo
tanto habría una Comisión que agrupase a todos esos responsables.
La historia de la gestión ambiental
concertacionista demostró que en materias de gobierno, como ocurre también en
la vida cotidiana, cuando algo es responsabilidad de todos, termina siendo
responsabilidad de nadie.
Y así, sin un claro responsable, se
desarrollaron las políticas ambientales durante prácticamente todos los
gobiernos de la Concertación. Eso sin duda fue funcional para que cuando
se producía un cortocircuito entre los intereses ambientales y los de grupos
corporativos, pudiese removerse al director o directora ejecutiva de la Conama,
un funcionario de tercer nivel jerárquico, con un costo político
incomparablemente menor a que si hubiese sido un ministro.
De esa manera, dos directoras ejecutivas de
Conama, Blanlot y Hoffmann, fueron rápidamente removidas cuando insinuaron
alguna resistencia a la violación de la normativa ambiental, con motivo de la
aprobación de la hidroeléctrica
Ralco y de la expansión urbana de
Santiago respectivamente.
UNA PUERTA GIRATORIA DE INTERESES
La carencia de un Ministerio del Medio Ambiente
ha sido solucionada recién ahora, tras 15 años de falta de un responsable. Las
consecuencias han sido muy concretas. En materia de contaminación atmosférica,
esta sigue siendo grave en la mayor parte de nuestras ciudades. En el caso de
Santiago, estamos ante un evidente fracaso del Plan de Descontaminación que,
elaborado en 1997, prometió limpiar el aire de Santiago en 14 años.
No son extraños estos fracasos. Sin un
responsable ambiental, han primado en los gobiernos las visiones de los
ministerios sectoriales más ligados a los grupos empresariales. El caso del
Ministerio de Vivienda ha sido emblemático. En dicha repartición hemos vivido
el “Festival de la Puerta
Giratoria”, este trasvasije entre el sector público y privado con abiertos
conflictos de intereses. Ejecutivos de empresas inmobiliarias han entrado en
una verdadera comisión de servicio a ejercer cargos de dirección en el
Ministerio, impulsando políticas que beneficiaban directamente a sus ex
empleadores.
Hemos llegado, por el otro lado de la puerta
giratoria, a casos de ex ministros de vivienda que han pasado a prestar
servicios a especuladores inmobiliarios recién dejado el cargo. Como resultado,
la ciudad no ha parado de expandirse horizontalmente, generando grandes
ganancias para unos pocos, pero generando también viajes motorizados cada vez
más prolongados y que por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes a la
atmósfera, además de pérdida de tierra agrícola, impermeabilización que impide
la infiltración de las aguas lluvias hacia las napas subterráneas y otros
muchos impactos negativos.
CONTROLES Y AVANCES INEFICIENTES
En materia de recursos naturales, la falta de
fiscalización, por ejemplo en el área de la salmonicultura, ha provocado un
verdadero colapso ambiental en las zonas donde esta actividad se desarrolla, lo
que ha llevado finalmente a un decaimiento de la industria y a una fuerte
presión para que se le permita expandirse a zonas prístinas. También en esta
área la “puerta giratoria” no paró de dar vueltas. El extremo fue bajo el
gobierno de Lagos, el nombramiento del presidente de Salmón Chile (agrupación
gremial de las empresas salmoneras), como subsecretario de pesca: El gato
cuidando la pescadería.
En materia de los temas globales, como el
calentamiento del planeta, tampoco puede mostrarse un desempeño muy positivo.
Chile ha pasado a tener el triste honor de ser el país latinoamericano de
mayores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita.
Hoy, terminamos las dos décadas de la
Concertación con una nueva institucionalidad. En el plano formal, debe
reconocerse como un avance. Sin embargo, también en ese terreno hay que
constatar retrocesos. El centralismo se ve exacerbado, pues en el nuevo
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental fue eliminada la participación de
los consejeros regionales, la única expresión medianamente representativa de la
ciudadanía de cada región. Ahora, serán sólo Seremis, designados exclusivamente
por el Presidente de la República, quienes tomarán decisiones.
El panorama no se avizora tranquilo para el
primer gobierno de la Alianza.
Lastensiones entre los grandes proyectos industriales destinados a la
exportación, intensivos en recursos naturales sin elaboración por una parte, y
las formas de vida y producción tradicionales y sustentables seguirá estando
presente.
La eliminación de zonas agrícolas en favor de
los especuladores inmobiliarios, como en Santiago, o la desaparición de zonas
de pesca artesanal para destinarlas a desagüe de fábricas de celulosa, como en
Mehuín, son sólo algunos de los conflictos que se avecinan. Su resolución no
será en ningún caso técnica. Será el resultado de batallas políticas y sociales
que irán definiendo el grado de sustentabilidad de nuestra forma de vida. Luis Mariano Rendón Escobar - El autor es
abogado y se desempeña como coordinador de la agrupación ciudadana “Acción
Ecológica”.
