La sanción que la Procuraduría General de la Nación impuso a la senadora Piedad Córdoba por "promover y colaborar" con las Farc ha despertado una entendible polémica. No solo por la severidad del fallo -destitución e inhabilidad por 18 años-, sino también por la condición de ser una de las figuras visibles de la oposición que ostenta la política liberal antioqueña. A lo anterior se suman su estilo característico y algunas de sus posturas frente al conflicto y al Gobierno, que le han granjeado enemigos y unos altos niveles de desaprobación de la opinión pública.
Todo esto conduce a que este fallo del Ministerio Público -el primero en las investigaciones de la 'Farcpolítica'- sea inevitablemente analizado tanto desde el prisma de la ley como de la política. Y es importante separar ambas esferas. Basada en los documentos encontrados en los computadores del jefe guerrillero 'Raúl Reyes' y en los movimientos migratorios de la senadora, la Procuraduría establece que ella y varios seudónimos, como 'Teodora', 'Dorotea' y 'Negra', son la misma persona.
En la decisión de única instancia, de 140 páginas, se detallan comunicaciones con las Farc en las que 'Teodora' ofrece consejos de estrategia y provee instrucciones de manejo de los secuestrados. No se trata, como lo afirmó Córdoba en su comunicado, de una investigación "sin respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y, menos aún, valor moral y ético". Se desprende del análisis de las pruebas recaudadas que, si la defensa de la congresista demuestra que ella no es la autora de las comunicaciones, muchas de las acusaciones pierden un peso importante.
La decisión del Ministerio Público también recoge las instancias del debido proceso que siguió la investigación disciplinaria. Este es un tema delicado, ya que la líder liberal ha denunciado una "persecución política" del procurador Alejandro Ordóñez en su contra. El origen del proceso -documentos incautados en la Operación 'Fénix'-, el cumplimiento de las distintas etapas procesales y la garantía de la defensa no revelan un comportamiento abusivo del ente investigador. Si el fallo estuviera lleno de prominentes errores jurídicos, Piedad Córdoba cuenta con un recurso de reposición para hacerlos evidentes.
Desde el ámbito político se han levantado algunas voces críticas de la sanción, que denuncian la criminalización tanto de las gestiones de paz como del derecho a expresar opiniones. Sin embargo, el tenor de los intercambios entre 'Raúl Reyes' y 'Teodora', supuesta identidad electrónica de la senadora, va mucho más allá de contactos institucionales para la liberación de secuestrados.
Aquellos contemplan consejos, sugerencias y asesorías que, a juicio del Ministerio Público, se salen de la esfera de la paz para entrar a la de la promoción y colaboración con el grupo armado ilegal. Lo que se juzga no son las afinidades ideológicas de la senadora, sino los graves vínculos que el fallo le endilga. No es una discusión sobre las ideas, que cada quien es libre de tener, sino sobre las acciones, que en algunos casos configuran fallas disciplinarias y delitos.
Lo de menos en esta polémica deberían ser las propuestas que defiende la congresista o sus pasados comentarios. Ni el rechazo que genera en muchos colombianos su oposición política la condena de antemano, ni la valentía de defender esas mismas posturas automáticamente la absuelve. Más que balancear condenas de 'parapolítica' con fallos de 'Farcpolítica', se trata de hacer cumplir el marco legal colombiano, que castiga con dureza los nexos con organizaciones armadas al margen de la ley, como narcos, guerrillas, bandas delictivas y 'paras'. Y nadie, por famoso opositor o leal gobiernista que sea, debe estar por encima de la ley.
Fuente: El Tiempo-29 de septiembre de 2010
A estória da carochinha do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau lembra a historia da Democracia e o Socialismo. O Lobo Mau voraz e faminto está sempre tentando enganar uma inocente Chapeuzinho, usando artimanhas. 
